Definición
El complejo industrial carcelario (Prison Industrial Complex, PIC) es una categoría analítica utilizada por Angela Y. Davis, Ruth Wilson Gilmore, Mike Davis y otras autoras del abolicionismo penal estadounidense contemporáneo para describir la configuración específica que asume el sistema penal en Estados Unidos —y en muchas otras sociedades— a partir de las décadas de 1970 y 1980. La expresión reelabora la fórmula eisenhoweriana del “complejo militar-industrial” para poner en evidencia que la actual expansión sin precedentes del encarcelamiento masivo no puede entenderse como respuesta técnica a un aumento objetivo del delito, sino como una configuración estructural en la que convergen intereses corporativos, políticos, mediáticos y raciales. Davis desarrolla el concepto sobre todo en Are Prisons Obsolete? (2003) y Abolition Democracy (2005), articulándolo con su lectura de la enmienda decimotercera y de la continuidad histórica entre esclavitud y prisión. La categoría identifica varios rasgos constitutivos del complejo. Primero, la privatización parcial del sistema penitenciario, con corporaciones como Corrections Corporation of America y GEO Group que gestionan cárceles y obtienen ganancias directamente proporcionales al número de reclusos, generando incentivos para el aumento del encarcelamiento. Segundo, el trabajo carcelario mal o no remunerado como fuente de mano de obra para empresas que subcontratan trabajo penitenciario, incluidos grandes minoristas y proveedores del propio gobierno. Tercero, la industria conexa: constructores de prisiones, proveedores de tecnología carcelaria, servicios de comunicación con reclusos, servicios de comida, industria de la seguridad. Cuarto, la retórica política del “duro con el crimen” que ha alimentado desde los años setenta un régimen penal cada vez más severo, con leyes de tres strikes, sentencias mínimas obligatorias y guerra contra las drogas focalizada racialmente. Quinto, la racialización sistemática: los afroamericanos y latinos están sobrerrepresentados en la población penitenciaria en proporciones que solo pueden explicarse por sesgos estructurales en la vigilancia, el arresto, el procesamiento y la sentencia. La categoría es central para el abolicionismo penal contemporáneo, que exige no solo reformar el sistema sino desmantelarlo y sustituirlo por instituciones de justicia comunitaria y de redistribución material.